Los “ninis” de la SEP


14 DE ABRIL DE 2014
ANÁLISIS Tomado de Proceso

Marcha de maestros en Tuxtla Gutiérrez. Foto: Isaín Mandujano.
Marcha de maestros en Tuxtla Gutiérrez.
Foto: Isaín Mandujano.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En la presentación del primer censo educativo (parcial, por cierto) se dio a conocer que la SEP tiene en su nómina a 39 mil 222 personas que ni trabajan ni estudian, junto con otros 30 mil 695 docentes con licencia o comisionados en tareas del SNTE. Son los ninis de la SEP, que llevan tiempo cobrando a cuenta del erario.

En realidad, la información que de este censo incompleto (dado que no se obtuvo la información deseada en Oaxaca, Chiapas y Michoacán) sólo refrenda cifras e indicadores que deberían de haberse hecho públicos antes de las reformas constitucionales, sobre todo la del Artículo 73 y sus leyes secundarias –lo mismo que de la propuesta de un Programa Sectorial que define metas y estrategias de aquí a 2018–, pues fueron elaboradas con indicadores similares a los que reporta el censo, aunque ahora se sabe el número de aviadores y comisionados que ha manejado desde hace décadas a su antojo el SNTE, con el contubernio de la SEP.

Con todo y el esfuerzo del INEGI, loable sin duda, la información se presenta cuando ya están definidas las políticas centrales, la planeación, las metas, etcétera, de lo que podrá llegar a ser una “reforma educativa”, y cuando aún se realizan foros para definir el “modelo educativo” y se “armonizan” las leyes estatales correspondientes, además de que vuelven a presentarse los datos que dan cuenta de las enormes deficiencias con que opera el maltrecho sistema educativo: la mitad de las escuelas públicas no tienen drenaje; más de 30% no disponen de agua potable ni de instalaciones sanitarias, y más de 10% carecen de energía eléctrica, aunque pueden contar con un pizarrón electrónico de los que distribuyó Vicente Fox durante su administración.

Se debe entonces ahora reinformar al INEGI y a la SEP de que el universo educativo presentado en este censo aparece con cifras similares en el último informe presidencial, en sus anexos estadísticos, en los considerandos de la reforma constitucional al Artículo 3°, en el Programa Sectorial de Educación, en estudios elaborados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y en las cifras que tiene el Instituto Nacional de Infraestructura Escolar. Lo único nuevo, en términos diferenciados, es la cifra de aviadores.

El hecho es que este y otros gobiernos tiran el dinero por la ventana, sin apreciar ni valorar lo que se ha realizado por parte de la investigación educativa profesional, que produce estudios de alto nivel y calidad, tanto en las universidades públicas como en otras instituciones de educación superior,  mismas que han detallado indicadores y problemáticas educativos mucho más significativos que los datos estadísticos en cuestión.

Dichos estudios han revelado la gravedad de la deserción escolar, la obsolescencia de planes y programas de estudio, las deficiencias curriculares en los profesores, la falta de impacto de la política pública en la mejora de la cobertura educativa y en su calidad, las fallas en los libros de texto, entre otra muy larga serie de resultados de investigaciones que deberían haber sido reconocidas antes de emprender, a tontas y a locas, reformas sin sentido, o en todo caso, invitar a otros organismos a que las hagan, cuando en el país hay investigadores de talla internacional que pudieran ser convocados al efecto.

Es el caso del reciente anuncio de que el INEE (31de marzo) ha aceptado la oferta de la OCDE para desarrollar un “estudio longitudinal para medir las competencias cognitivas y socio-emocionales” con una muestra de estudiantes de los primeros cursos de primaria y secundaria. Por supuesto, será pagado con fondos públicos (y la OCDE suele cobrar bastante caro sus “estudios”, que por lo regular sirven más para ser conocidos por pares internacionales interesados que para ubicar problemas y soluciones en el país).

La información codificada es poco útil si no se ve acompañada de líneas de acción que la tomen en cuenta de forma comprometida. Menos sirve si esas bases de datos ya no tendrán efecto sobre lo que se ha definido y legislado y que, tal como se ha asegurado de manera oficial, no tendrá marcha atrás

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