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Reforma Educativa de AMLO:¿Cambiar todo para que nada cambie?

La propuesta de reforma educativa que, el gobierno de López Obrador, envío a los legisladores para que fuera discutida en la Comisiones respectivas (de Educación y de Puntos Constitucionales), ha generado las primeras reacciones en el magisterio. Y es que, a través de diversos medios de comunicación, se han filtrado los primeros borradores (https://drive.google.com/file/d/1nvybR6ONukB-WCnuCuWIBalZDJNG7Ek6/view, 14 de marzo) del Proyecto de Dictamen por el que se abrogan las diversas disposiciones de la reforma educativa 2013, contenidas en la Constitución y sus respectivas leyes secundarias, que modifican los artículos 3º, 31º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Por un lado, tenemos, las reacciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), disidencia magisterial que, debo decirlo, a través de la lucha que emprendieron desde hace años, obtuvo un primer triunfo, cuando el actual Presidente, declaró hace unos meses, que se abrogaría la reforma educativa de Peña Nieto y, aunque no quieran verlo, están a punto de lograr su segunda victoria; esto, si el Congreso aprueba el dictamen que he referido. No obstante estas ideas iniciales, tal parece que los resultados de ese proyecto no fueron del todo bien recibidos por los profesores de la CNTE, puesto que a decir de algunos de ellos, no se abroga del todo la reforma neoliberal que impuso el anterior gobierno, razones contenidas en el documento hay de sobra para pensar de esa manera; sin embargo, habría que repensar y reflexionar sobre la propuesta López-Obradorista que, más adelante, expongo.

Por otro lado, tenemos a un Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE) y a unos Maestros por México (MxM) que, hasta el momento en que cierro estas líneas, han sido discretos en sus posicionamientos, tal vez, pienso, pensando en la estrategia a seguir para ganarle el terreno a sus similares en toda la República Mexicana. Vaya, tal vez habría que decirles y pedirles, que revisarán si en el proyecto de decreto, se observa la petición que el mismo líder del SNTE formuló hace unas semanas, en cuanto a la lucha que emprenderían para lograr que se asignara el 50% de las plazas disponibles, para que los hijos o familiares de los trabajadores de la educación ingresaran al servicio docente. Al respecto les tengo una noticia: no, ese punto no está contemplado en el texto. Espero así se mantenga.

Ahora bien, por lo que se refiere a la propuesta de decreto de dictamen, rescato brevemente lo siguiente:

  1. La abrogación de la reforma educativa de 2013; la eliminación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD); la eliminación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE); la desaparición del INEE; la evaluación de permanencia y sus efectos punitivos; la evaluación diagnóstica para diseñar un programa de capacitación y actualización del magisterio; el intento de profesionalización docente a través del Centro Nacional de Revalorización del Magisterio.
  2. Hay serias dudas en cuanto a los siguientes puntos: la relación entre “excelencia” vs. “calidad” educativa; sobre la obligatoriedad de la educación superior; sobre la atención a las escuelas de alta marginación.
  3. Y, finalmente, se confirma, la continuidad del ingreso y promoción a través de “convocatorias” y “concursos”, ligados ahora a través de lo que se ha denominado: Sistema de Carrera Profesional del Magisterio. Último punto, que ha generado una tremenda y acalorada disputa entre los legisladores.

Sobre estos mismos puntos, deseo compartirles algunas (primeras) reflexiones:

Como lo he escrito, en el proyecto de decreto se enuncia la desaparición del INEE y la creación del Centro Nacional de Revalorización del Magisterio, pero éste último, se dice, será descentralizado, con autonomía; no obstante, a través de éste se seguirá evaluando de manera diagnóstica al magisterio. ¿Bajo qué argumentos se propondrán las figuras que integrarán el consejo? Si se plantea que durarán en el cargo 7 años, ¿por qué no valorar su continuidad en dicho consejo a los 3 años y medio y no como se plantea a partir de un esquema similar al que estaba sometido en INEE en esta materia?

Ciertamente se elimina la evaluación punitiva (de permanencia), también, se elimina la LGSPD y la LINEE, pero el ingreso y promoción se mantienen, aspectos que bien a bien no es ni serán bien recibido por el SNTE, por los MxM y, muy probablemente, por la CNTE. Sin embargo, para mejorar el proceso de ingreso de profesores al Sistema Educativo Mexicano (SEM), una serie de preguntas retumban en mi cabeza, ¿por qué no mejorar, desde sus cimientos, al normalismo mexicano?, ¿por qué si la finalidad, de las escuelas normales, es formar a maestros y maestras para que ocupen un lugar en el SEM, se sigue considerando un concurso de ingreso? Dicho concurso, ¿no es menospreciar el papel de dichas escuelas normales? Y, un punto que me parece de lo más importante, ¿se mantendrá la idea de que cualquiera puede ser maestro?

En este mismo tenor, en dicho texto, sigue sin proponerse una autonomía para las normales, lo cual significa que el normalismo mexicano, seguirá dependiendo del Estado, de la DGESPE, principalmente. Si esta es la política nacional, ¿por qué no considerar la heterogeneidad de las escuelas normales y buscar su atención a partir de sus particularidades? Una escuela normal, en esencia, puede ser la misma, pero sus estructuras varían en cuanto a su definición, por ejemplo, una escuela rural de una Benemérita y Centenaria. ¿Por qué en el proyecto de dictamen se considera la opinión de los gobiernos y no de los actores directos, los normalistas, para la mejora de sus propios quehaceres educativos?

Por lo que se refiere al mecanismo de promoción magisterial al interior del SEM, se habla de un Sistema similar al de Carrera magisterial; sin embargo, habría que pensar en los mecanismos de transparencia que se pueden construir para tal efecto. La corrupción dio al traste con ese sistema que hace años, en principio, aportó buenos resultados en el magisterio y en el propio SEM; no obstante, y como sabemos, se pervirtió, principalmente, por la injerencia del SNTE y de los gobiernos locales.

Ahora bien, en el mismo documento, se habla de la educación inicial, pero no se incorpora ésta a la educación básica. Sí se considera prioritario, el establecimiento de una estrategia nacional de atención a la primera infancia. Pregunta simple: ¿por qué no incorporarla a la educación básica si, como sabemos, es fundamental para el desarrollo del ser humano? Asimismo, se habla de una atención a escuelas de alta marginación, pero no de la forma a través de la cual, se destinarán recursos para este planteamiento. Pienso, tal vez, se considerará en las leyes secundarias, ¿no valdría la pena incluirla en las constitucionales?

Por lo que se refiere al tema de la “excelencia vs. calidad”, me parece una barbaridad. Así, con esas palabras; es como mezclar en un vaso el agua y el aceite, sobre todo, cuando al inicio del proyecto se hace alusión a un Estado del Bienestar. ¿Puede usted imaginar un gobierno de izquierda con tintes neoliberales? Aquí tiene usted un buen ejemplo. Y, en el mismo sentido, refiero los conceptos de equidad e igualdad. Un tema pendiente, por años, en la agenda política y educativa en México. ¿Las razones? La realidad, tan cruel como viva, que genera una disonancia con la teoría, los conceptos, las definiciones que otorga la OCDE, el BM, entre otros.

En este sentido, se dice que los planes tendrán una perspectiva de género y una educación integral para la vida, pero ¿qué tanto se ha avanzado en cada una de las escuelas en este rubro si se han eliminado o abaratado dichos planes para priorizar la enseñanza y aprendizaje del inglés y los clubes, por ejemplo?, ¿qué tanto se ha avanzado si los índices de inseguridad siguen incrementándose en nuestro país?, ¿qué tanto hemos avanzado, como sociedad, si seguimos satanizando el aborto en un país donde las violaciones a las mujeres siguen siendo el pan de cada día?

Finalmente (por lo que respecta al proyecto de dictamen), me quedo pensando en que si los estados deben ajustar la nueva ley para armonizarla con la propuesta López-Obradorista, ¿de qué manera se asegurará que no exista lo que el mismo Secretario de Educación denominó “huachicoleo” educativo en cada una de las entidades?

En suma:

Desde mi perspectiva, considero que se puede ganar perdiendo; lo cual significa que, si bien es cierto que no se da, de tajo, la abrogación de la reforma educativa de 2013, también es cierto que la propuesta de reforma, contiene varios elementos que priorizan el papel del maestro en nuestros días: lo revalora, lo redignifica, y lo resignifica, algo que menosprecio Peña Nieto y Aurelio Nuño.

El efecto punitivo de la evaluación puede quedar atrás, lo que debemos pensar a partir de ello, es ¿cómo mejoraremos los procesos a partir de los cuales se fortalezca el magisterio? Algunos puntos, los he abordado en este texto.

Ahora bien, aún estamos lejos de vislumbrar el camino que seguirá el modelo educativo que se echará a andar en lo sucesivo. El debate también tiene que considerar este aspecto. Vaya, mencionar el tipo de educación que se impartirá en los centros educativos, no define el proceso a través del cual se lograrán mayores aprendizajes en los alumnos mediante el trabajo docente que se desarrolla en el aula. Podemos y tenemos que voltear a ver, de nueva cuenta, a la pedagogía y a la didáctica, como elementos que son el eje central en el proceso educativo y, para ello, los especialistas, los maestros, resultan ser piedras angulares para la construcción de un mejor SEM.

En fin, no perdamos de vista estos aspectos, porque si bien es cierto que la negociación (de la reforma educativa) les corresponde a los legisladores, a nosotros, nos compete expresarles que, con tales acuerdos, no alcanza para lograr la educación que México y los mexicanos necesitan.

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OCDE-INEE-SEP y UAM Hugo Aboites

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La Iniciativa del presidente López Obrador que abroga la llamada reforma educativa, por un lado, plantea claro –como dijo el 12 de diciembre 2018– cumplirle a las maestras y maestros, pero en abierta contradicción la SEP busca preservar todo lo posible de esa reforma y del INEE. Así, el secretario Moctezuma, en entrevista televisada antes del inicio formal del sexenio, hablaba de pláticas con el instituto para evaluar a los maestros y luego invita a un consejero de la Junta de Gobierno del INEE, Guevara Niebla, quien –en hiriente paradoja– se convierte en la autoridad para los cientos de miles de maestros de los niveles educativos contra los que se enfocó la evaluación impulsada por el INEE. El mismo día de su designación, el ex INEE aclara sus lealtades al calificar como excesivas las pretensiones de López Obrador de eliminar la reforma educativa (www.elfinanciero.com.mx/10deagosto ), y, más tarde, cuando ya se presenta la iniciativa de abrogación prefiere callar, pues, dice, la está digiriendo (https://www.excelsior.com.mx/nacional/ estoy-digiriendo-la-iniciativa -y-vamos-a-analizarla-gilberto-guevara/1284747 ).
Hay historia: en 2010 la SEP acuerda con la OCDE crear la reforma educativa: México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares (y) los docentes que presenten un bajo desempeño deberán ser excluidos del sistema educativo. Acordaron también la operación del Organismo de Evaluación Independiente (que sería el INEE), y para facilitar la implantación de la reforma o como dicen, “para lograr la transmisión desde la OCDE hacia México, es necesario que un grupo nacional de actores se ‘apropie’ de las recomendaciones y las adapte.” Y crear un Comité de Trabajo con miembros de la academia altamente respetados, docentes y personalidades del sector público y sociedad civil. ( Acuerdo México-OCDE para mejorar la calidad de las escuelas mexicanas, 2010). Y allí convergen Mexicanos Primero y académicos comprometidos a fondo con la evaluación del INEE (ahora defensores de lo que les era propio). La OCDE (dos visitas recientes de Gurría a la SEP) también defiende. Así, desde niveles altos de la SEP y el grupo nacional de la OCDE más que cumplirle a los maestros le cumplen al legado del INEE.

Por eso, los maestros y diputados afines rechazan la problemática fracción IX de la iniciativa de modificación al tercero constitucional. Porque con el pretexto de generar lineamientos relacionados con la mejora del magisterio, propone mantener en la Constitución una parte del INEE, mediante la creación de un Centro con autonomía técnica que, de nuevo, enfatice una evaluación que, al no reconocer a los maestros como trabajadores del artículo 123 constitucional, vuelve a ser todopoderosa. Así, a pesar de que desde los años 90 todo se evaluó, pero poco o nada mejoró, no se aprende del fracaso y otra vez se presenta, reforzada, la evaluación como el único camino para la mejoría. Para eso retoma conceptos clave de la OCDE-INEE, pues quiere que ese Centro contribuya a la mejora continua de la educación a través estudios, mediciones (exámenes estandarizados), la determinación de estándares (perfil único respecto al cual evaluar) e indicadores de resultados(datos a recolectar en la evaluación). Es decir, evaluar y evaluar cuando ya sabemos que dependiendo del estándar, ciertas escuelas resultarán pésimas y otras de excelencia, y cuando sigue siendo cierto que las comunidades educativas pueden decir mejor que nadie qué es lo que se necesita para mejorar. Un Centro, además, que incluiría como nueva examinación la certificación de escuelas, es decir, la evaluación de los colectivos docentes, y que acredite a las instituciones autorizadas para certificar (evaluar) el desempeño de las instituciones, las autoridades y los distintos actores de la educación (evaluación a maestros y estudiantes) además que haya certificadoras que identifiquen las buenas escuelas, en un esquema como el de las agencias acreditadoras de programas e instituciones universitarias (ver Ángel Díaz Barriga, 2008: Impacto de la evaluación en la educación superior mexicana). El mismo que, después de décadas, no ha traído resultados claros de mejoría, pero sí un boyante negocio. Efectivamente, negocio, porque además del poder que sobre los maestros y escuelas confiere la evaluación también se hace evidente el factor dinero. Las agencias privadas cobran a las universidades por certificarlas; la OCDE cobra caro a México el costo de los estudios y recomendaciones que hace; el Ceneval cobra miles de millones de pesos por los exámenes de la evaluación del INEE a maestros, y los consejeros del INEE cobran sueldos como autoridades universitarias. Y, como se ve en la UAM, hoy no es nada fácil alejar un poco a la educación de los privilegios del poder y el dinero.

CNTE posicionamiento ante Reforma Educativa de AMLO. Exige abrogación Total, no parcial de Reforma de Peña Nieto

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La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), difundió un posicionamiento en el que expresó su rechazo a la reforma educativa del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En dicho posicionamiento,  llamó al magisterio para que permanezca organizado bajo los principios de lucha y resistencia de la Coordinadora, ya que la iniciativa de López Obrador, no garantiza la abrogación total de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto tal como lo exige la CNTE.

Y es que alertó que la propuesta del Ejecutivo de la Nación sigue siendo punitiva debido a que solicita al Congreso de la Unión que contemple sanciones a funcionarios “que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo todos aquellos que las infrinjan”.

Asimismo advirtió que la reforma educativa de AMLO comparte la perspectiva que dicta la OCDE y Mexicanos Primero, ya que el término excelencia que se pretende insertar al artículo tercero, “perfecciona el concepto infundado de calidad”.

Del mismo modo acusó que no se plantea un sistema de formación y profesionalización que responda a las necesidades de los trabajadores de la educación País.

Y es que acusó que de aprobarse la reforma educativa de López Obrador, se mantendría el sistema estandarizado de la educación reproduciendo e individualismo y verticalidad de la superación profesional, con un corte técnico y pragmático designado desde diversos organismos internacionales, lo cual, desde la visión de la CNTE, es una reforma excluyente al sólo referirse a los maestros.

Del mismo modo arremetió contra el Centro para la Revalorización del Magisterio que sustituirá al INEE.  Y es que señaló que se corre el riesgo de dejar la educación en manos de la clase empresarial, ya que la conformación del Consejo Consultivo y Consejo Directivo de dicho centro, propone la intervención de maestros destacados a criterio del Ejecutivo de la Nación, lo cual puede significar la exclusión de la representación sindical, avalar la injerencia de la sociedad civil que mercantiliza con la educación y con ello, la incursión de poderes fácticos y empresariales como Mexicanos Primero.

Expresó que por el contrario, la Coordinadora ha desarrollado planes y proyectos acordes a las necesidades de las comunidades y poblaciones, respetando en todo momento las formas de organización de las mismas.

Destacó que el tercero constitucional debe ser un artículo educativo y pedagógico, sin que contenga disposiciones que atenten contra los derechos laborales y sindicales de los maestros.

“Por lo tanto, el artículo 3° a reformar no debe significar un régimen de excepción laboral como lo plantea al proponer el Servicio Profesional del Magisterio o el Servicio de Carrera Magisterial”. 

En ese sentido hizo un llamado a que se construya una verdadera transformación educativa que recoja los planteamientos de los actores y fuerzas sociales más importantes del País.  “Una educación que descolonice el pensamiento y forme al sujeto histórico social”, expresó.

Por último, la Coordinadora lanzó la exigencia de abrogar totalmente la mal llamada reforma educativa, que se reinstalen todos los maestros cesados, la suspensión inmediata de los procesos de evaluación docente, que se garantice la asignación de plazas automáticas para egresados de Escuelas Normales, se detenga la aplicación del Nuevo Modelo Educativo, la solución inmediata a las demandas salariales no resueltas, la liberación de presos políticos y la cancelación de todo proceso jurídico, penal, laboral y administrativo derivado de la implementación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.