Marco A. Fernández • Laura Noemí Herrera • Daniel Hernández • Rosario Nolasco • Roberto de la Rosa
Ante la presencia del Covid-19 en el país, el sector educativo tendrá que enfrentar un nuevo desafío: el cierre de escuelas al menos hasta el 30 de abril (aunque la evolución de la pandemia anticipa varias semanas más allá de este plazo) y el desarrollo de esfuerzos para atemperar al máximo posible los efectos negativos sobre los aprendizajes de más de 36 millones de estudiantes. El sistema educativo nacional parece poco preparado para enfrentar este reto en un contexto de deficiencias y negligencias toleradas por diversos sexenios y que hoy están cobrando una dolorosa factura:
• Ausencia de una capacitación docente adecuada para incorporar las tecnologías de la información a la experiencia pedagógica cotidiana.
• Malgasto y fraude en el uso de miles de millones de pesos del erario en la “adquisición” de computadoras, laptops, tabletas y distintas tecnologías que supuestamente se distribuyeron a docentes y a un número importante de alumnos, pero de las que hoy pocos pueden echar mano para acceder a posibilidades de educación en línea ante su inexistencia, falta de mantenimiento y laxo control de distribución.
• Precaria adaptación digital de los materiales didácticos que se utilizan de forma presencial en las diferentes asignaturas de los distintos niveles educativos para su enseñanza en línea.
• Ausencia de servidores con la capacidad suficiente para dar acceso simultáneo a millones de usuarios.
• Falta de una política para atemperar el acceso desigual a internet con fines educativos para un número muy relevante de estudiantes del país (39.1 % carece de este servicio de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares realizada por el INEGI en 2019).
• Estrategia limitada para garantizar la enseñanza de los aspectos fundamentales del currículo a través de la televisión estatal: utilizar los canales 11, 22 y las televisoras de las entidades es insuficiente; de acuerdo a la SCT, sólo tienen cobertura del 50 % del territorio nacional. Además no está siendo acompañada de guías efectivas para alumnos, maestros y padres de familia, de forma que aquellos que logren ver estas transmisiones puedan potenciar sus beneficios educativos.
A las limitantes enunciadas se suman las características estructurales del sistema educativo: un precario federalismo educativo con una coordinación deficiente entre autoridades educativas federales y estatales. En la única reunión que, hasta al 31 de marzo, habían tenido las autoridades en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) ni siquiera pudieron coordinarse para cerrar al mismo tiempo sus planteles. Por ende, instituciones de educación superior cancelaron clases presenciales antes de la reunión celebrada el 14 de marzo, y al menos 13 estados decidieron adelantar su cierre y no esperar hasta el viernes 20 como había anunciado el titular de la SEP.
En el camino, pocos esfuerzos se implementaron para estructurar y distribuir antes de dicho cierre; guías básicas para dar seguimiento a los principales aspectos del currículo que pudieran servir de apoyo a alumnos y a sus padres para las semanas que enfrentarán en confinamiento. Un número reducido de comunidades escolares pudieron diseñar un plan para mantener medios de contacto entre directores, docentes, alumnos y padres, para poder desarrollar un trabajo en equipo para dar algún tipo de continuidad efectiva al aprendizaje escolar en las semanas de cierre de los planteles. En suma, como nos sugirió recientemente nuestro colega de la UNAM, Roberto Rodríguez, pensar que el sistema educativo mexicano tiene capacidad de autogestión es vivir en un engaño y hoy lo estamos atestiguando de manera dolorosa.
A esto se suma que en el anuncio de la medida, la autoridad federal no estableció regulaciones en el ámbito laboral que pudieran facilitar a los padres de familia el cuidado de sus hijos; por ende, muchos de ellos se vieron obligados a llevarlos a sus lugares de trabajo en los días previos al llamado a la suspensión generalizada de actividades no esenciales. Con ello se mermó la contribución al distanciamiento social que buscaba impulsarse con el cierre de escuelas para aplanar la curva de expansión del Covid-19. La medida ha sido particularmente desafiante para los hogares monoparentales (18.5 % de acuerdo al INEGI) y aún más para el 84 % de estos que son encabezados por mujeres.
En condiciones de operación normal del sistema educativo se esperaría que los hogares jugaran un papel complementario en los aprendizajes de los alumnos, reforzando las lecciones obtenidas por los alumnos en sus salones de clase. Pero sabemos que ésta no es la realidad preponderante en muchos hogares. Ahora el desafío es aún mayor porque, ante el cierre de los salones de clase, los hogares enfrentan expectativas poco alcanzables: ser el motor principal para impulsar el aprendizaje de los alumnos. Hay amplia evidencia de que el ausentismo escolar mina el aprendizaje; los costos serán previsiblemente mayores para los estudiantes sin los recursos para acceder educación en línea o a distancia, y/o con padres con carencias educativas que dificultan aún más que sean aliados para dar continuidad a sus lecciones. De esta forma, para al menos 40 % de alumnos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo al CONEVAL, la suspensión de clases implica menores oportunidades de aprender en casa, mayores costos para sus familias por razones de cuidados, mayor riesgo de abandono escolar una vez superada la pandemia debido al retraso escolar e, incluso, significa una alimentación deficiente en ausencia de desayunos y demás alimentos escolares. La educación en línea para estos estudiantes no es una opción.
Ilustración: Sergio Bordón
Educación virtual inclusiva: una tarea sin resolver
Para operar sistemas híbridos se requiere que los estudiantes cuenten con acceso a internet de gran capacidad; que tengan las habilidades necesarias para desarrollar actividades de aprendizaje de forma virtual; que los docentes cuenten con habilidades para diseñar actividades y dar clases a través de plataformas digitales; que existan planes de estudio flexibles que se puedan adaptar con facilidad al trabajo en línea y cuenten con autoridades educativas interesadas en el desarrollo de educación virtual.
Si, como apuntaba Edna Jaime hace unos días, la pandemia encontró al sistema de salud en los huesos, al sistema educativo lo encontró hecho polvo en sus avances para brindar oportunidades de educación virtual. No sólo se limitó sustantivamente el presupuesto para desarrollar habilidades digitales en estudiantes y docentes, o se dejaron de lado contenidos curriculares auxiliares para estos casos, sino que tampoco se contó con un plan de actuación para este tipo de situaciones a pesar de la experiencia de 2009 con el AH1N1.
Es imposible corregir las omisiones educativas en una condición de contingencia. Por ahora nos queda aprovechar recursos que, si bien son limitados, pueden reducir las afectaciones en el aprendizaje para aquellos estudiantes que pueden consultar plataformas en línea y ver algunas de las lecciones en televisión. Estos recursos podrían potenciarse mediante dos opciones que se están explorando en estos momentos en otros países de América Latina. Por un lado, el Estado mexicano tendría que ejercer su autoridad y lograr un acuerdo con los concesionarios de los medios de comunicación para utilizar algunas horas de transmisión de televisión y radio que puedan completar la cobertura mayoritaria del territorio nacional (Colombia ha optado por esta ruta). Por otro lado, el Estado podría, en el marco de la emergencia nacional, llegar a un acuerdo con los principales proveedores de internet vía teléfono celular para garantizar un plan gratuito de datos específico para fines educativos (Paraguay ha logrado una estrategia en este sentido).
Sin duda los desafíos que enfrenta el sistema educativo mexicano son complejos, y aún más difíciles de superar en circunstancias en las que no sólo se están perdiendo aprendizajes, sino también la interacción social de los alumnos que hoy no tienen la posibilidad de convivir con sus compañeros de clase. Además, las dificultades en condiciones de estrés ante la enfermedad de familiares, y las afectaciones económicas que derivadas de la pandemia que muchas familias enfrentarán, hacen aún más compleja la situación que enfrentan las comunidades educativas del país.
¿Y cuando se reabran las escuelas, qué sigue?
En las siguientes semanas es imprescindible que la autoridad explore distintas medidas para preparar el eventual regreso a clases. Para ello, tendría que considerar al menos siete temas:
1. Hacer un diagnóstico en las primeras dos semanas de regreso a clases para identificar el estado de los aprendizajes con el que regresen los estudiantes en cada nivel educativo. Esto demandará una comunicación fundamental entre todo el andamiaje del sistema educativo (supervisores, directores y docentes).
2. Desplegar y acompañar una estrategia de nivelación y reincorporación de los alumnos a sus escuelas para evitar el aumento del abandono escolar. Esto ayudará a detectar a los estudiantes más afectados por el cierre de sus escuelas.
3. Ajustar el calendario escolar y adecuar programas para alcanzar los aprendizajes fundamentales en el presente ciclo escolar. Esto debe considerar la coordinación, asesoría y acompañamiento a los docentes para que puedan cumplir con su labor educativa y conllevará necesariamente negociaciones con los docentes (y sus sindicatos) para hacer los ajustes salariales pertinentes ante la reducción sustantiva de las vacaciones de verano.
4. Identificar oportunamente a los alumnos que no regresen a la escuela para recuperar su asistencia al aula y así evitar su abandono escolar. Para ello el uso efectivo de los sistemas de control escolar y la comunicación entre supervisores y directores de escuela será esencial.
5. Avanzar con solidez en el desarrollo de plataformas y mecanismos para enfrentar en el futuro otras contingencias. La prevención es pieza clave, al menos eso es lo que nos han enseñado el AH1N1, los desastres naturales y ahora el Covid-19. El Estado Mexicano no puede seguir ignorándolo. Esto implicará el desarrollo de un conjunto común de lecciones para estudiantes y profesores de los distintos niveles educativos, que puedan activarse en casos de contingencia, y así evitar la expectativa que cada profesor y escuela esté desarrollando aisladamente un plan de lecciones a distancia para estas situaciones.
6. Impulsar un proyecto riguroso y de largo aliento de flexibilización de la oferta educativa, para aproximarla hacia modalidades educativas híbridas. Esto requiere, por un lado, una estrategia de capacitación continua docente focalizada para estos propósitos, y, por otro, un diseño curricular en módulos que favorezca la flexibilidad necesaria. La urgencia de fortalecer la infraestructura de acceso a internet con propósitos educativos es evidente.
7. Ajustes presupuestales y un uso adecuado de los recursos canalizados al sistema educativo. Algo que resulta complejo pero inaplazable ante las condiciones económicas para el país.
Finalmente, hay algunos aspectos de la política educativa con implicaciones presupuestales limitadas como la flexibilización del currículo. También es evidente que ante los retos que se vienen las autoridades tendrían que reorientar gasto educativo que hoy está mal diseñado y tomarse en serio la lucha contra la corrupción en el ámbito educativo. Por ejemplo: a) modificar sustantivamente la política generalizada de becas para sustituirla por una correcta focalización y acompañamiento de tutores para evitar deserción de los beneficiarios; b) hacer una cirugía mayor al programa la Escuela es Nuestra con recursos que hoy ni siquiera tienen que comprobarse;1 c) detener los pagos indebidos que continúan realizándose a personal “comisionado” al sindicato y a personal “fantasma” no localizables en sus centros de trabajo.
La mayoría de las medidas más relevantes para dotar al sistema educativo de los elementos adecuados y suficientes para enfrentar las consecuencias de mediano y largo plazo de la pandemia en curso, y prepararse para futuras contingencias, demandan ajustes presupuestales y un uso adecuado de los recursos canalizados al sistema educativo. Las omisiones para fortalecer y profesionalizar al Estado mexicano en múltiples aspectos, en este caso el educativo, hoy están exhibiendo con toda claridad su oneroso costo para la sociedad en su conjunto. Por tanto, no debe ser postergado por más tiempo una vez que se supere la emergencia que estamos enfrentando.
Marco A. Fernández
Profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa.
Laura Noemí Herrera
Investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey e investigadora asociada de México Evalúa.
Daniel Hernández
Investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey.
Rosario Nolasco
Investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey.
Roberto de la Rosa
Investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa.
Este ensayo se basa en la nota de política educativa Lecciones del Covid-19 para el sistema educativo mexicano, preparada por el equipo de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.
1 Ver al respecto los lineamientos del programa La Escuela es Nuestra. Un análisis sobre dicho programa puede encontrarse aquí.
Tecnología en Secundarias Generales 