Los movimientos de transformaciónlatinoamericanos que instituyeron gobiernos progresistas se hicieron acompañar a su vez de procesos educativos; ninguno logró desvincularse por completo de los preceptos hegemonizados mediante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o más recientemente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero sí le imprimieron un sello propio a la educación, recuperando de su historia la tradición liberadora, nacionalista e indígena en algunos casos.
De modo que el ideario pedagógico de José Martí, Simón Rodríguez o de las cosmovisiones de los pueblos originarios andinos se plasmó en las constituciones cubana, venezolana y boliviana, abriendo posibilidades a nuevos aprendizajes más cercanos a las necesidades populares y al fortalecimiento de las rutas para la democratización de cada país.
Sin embargo, la forma en cómo ha evolucionado hasta el momento el proceso fallido para la cancelación de la reforma neoliberal y la construcción de una nueva propuesta educativa, luego de 100 días de la llegada de este gobierno que se autoproclamó como la Cuarta Transformación de la vida nacional, como la síntesis de las luchas históricas del pueblo mexicano por su independencia, su autonomía y su emancipación social, podemos decir que no han aportado nada propio en la educación básica y ni siquiera transcendente en nuestro país que dé continuidad a ese ciclo de transformaciones profundas.
Lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados es un síntoma de esta falta de proyecto propio y de compromiso histórico. El titular de la Secretaría de Educación, las y los legisladores de lo que fue la coalición Juntos Haremos Historia están pactando con la derecha parlamentaria una reforma educativa que sería aprobada sin mayores complicaciones en el pleno legislativo; el planteamiento de decreto de la reforma castra su propia propuesta de Cuarta Transformación que se había convertido en el sello narrativo de la política del nuevo gobierno.
La iniciativa de origen del presidente López Obrador pretendió introducir al texto constitucional que el objetivo del derecho a la educación sería el bienestar social y no la calidad como versa la ley vigente; sin embargo, en el acuerdo PT-Morena con los partidos del Pacto por México se niega lo que hubiera sido su aportación a la educación nacional y afianza el concepto de educación de excelencia, parafraseando la noción de calidad que ya se encuentra en la Constitución actual y desechando la recomendación de varios académicos de las instituciones más importantes del país que hicieron público su rechazo a ese término en las sesiones del parlamento abierto.
Los congresistas de la Cuarta Transformación no sólo están traicionando su proyecto, sino que además están aceptando reproducir y mejorar los dispositivos de la educación neoliberal. No quiero desestimar la propuesta para desvincular la evaluación de la permanencia, lo cual me parece un importante avance, pero sí señalar que, distinto a la iniciativa del jefe del Ejecutivo federal, están acordando mantener en el artículo tercero el régimen de excepción laboral para los maestros, como no se había hecho con ninguna otra profesión en el país.
Sobre el ente descentralizado para sustituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que aparece en el proyecto de decreto de la reforma educativa, no sólo es que cambie de nombre, además se refuerza y amplían sus funciones para adentrar y avalar a las instituciones privadas en el negocio de la certificación educativa; por un lado garantiza su independencia del gobierno sin que necesariamente se haga referencia a su total autonomía y por otro abre nuevos espacios en su estructura orgánica para la intromisión directa de los mercaderes de la educación.
Llama la atención que la derecha parlamentaria asegura su participación decisiva para negociar el nombramiento de los integrantes del nuevo instituto, que para ser elegidos tendrían que contar con el aval de dos terceras partes del Senado.
Así anularían las potencialidades que tendrían los congresistas de la Cuarta Transformación contando con mayoría relativa.
En lo que respecta a las responsabilidades del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaría de Educación, tampoco han realizado cambios sustanciales; las medidas anunciadas por Esteban Moctezuma Barragán en su mensaje a la última reunión mensual de los Consejos Técnicos Escolares resultaron tibias y conservadoras; ciertamente la reducción de la carga administrativa es una cuestión necesaria, no obstante impera ahí una lógica eficientista y no un cambio de rumbo de la educación. Lo mismo sucedió con los programas gubernamentales que acompañaron la reforma de Enrique Peña Nieto y que en la actualidad siguen avanzando ¿Dónde están los nuevos programas de educación básica para el bienestar que desplazarían a la educación de calidad?
Para concluir, reitero lo que dije en este mismo espacio de La Jornada hace dos meses, pero con mayor urgencia porque los tiempos para aprobar un nuevo artículo tercero están encima: sin la reanimación de las voces críticas y de las fuerzas democráticas opositoras a la reforma educativa neoliberal, el gobierno y los legisladores del Cuarta Transformación definirán el rumbo de la educación con la derecha parlamentaria y con la OCDE a espaldas de lo que se expresó en las urnas, en los foros de consulta y ahora en el parlamento abierto.
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